Endesa descubre fraude eléctrico en 16 restaurantes de Barcelona con ayuda de IA
En un giro irónico del destino, dieciséis restaurantes en Barcelona han sido descubiertos cometiendo fraude eléctrico gracias a la promoción que ellos mismos buscaron a través de influencers. Estos establecimientos, que contrataron a figuras de las redes sociales para atraer más clientes, terminaron llamando la atención de Endesa, que utilizó inteligencia artificial para destapar el fraude. Los influencers documentaron sus visitas a los restaurantes, mostrando locales abarrotados de clientes, lo que no cuadraba con los bajos consumos eléctricos registrados.
Endesa, al notar la discrepancia, decidió investigar utilizando su propia herramienta de inteligencia artificial, que ya ha sido efectiva en detectar enganches ilegales para cultivos de marihuana. La IA cruzó datos de consumo y dimensiones de los locales y concluyó que el gasto eléctrico era significativamente menor al esperado. La inspección posterior confirmó que los restaurantes estaban presuntamente conectados ilegalmente al alumbrado público.
El fraude eléctrico es un problema significativo en España. Según datos de Endesa, en 2025 se detectaron 72.700 fraudes, la cifra más alta del último lustro. Estos fraudes encarecen la factura eléctrica en aproximadamente 150 millones de euros anuales, según estimaciones de la CNMC. El 52% de la energía defraudada corresponde a industrias, negocios y grandes consumidores.
Legalmente, enganchar un negocio al alumbrado público es considerado un delito de defraudación de fluido eléctrico, castigado con multas según el artículo 255 del Código Penal. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica 1/2026 endurece las penas solo para casos relacionados con plantaciones de marihuana, dejando fuera a otros tipos de negocios como los restaurantes.
La parte administrativa permite a la distribuidora suspender el suministro inmediatamente y facturar la potencia que deberían haber contratado, lo que puede resultar en cuantiosas sumas antes de considerar acciones penales o civiles. La Defensoría del Pueblo ha señalado que las distribuidoras utilizan estas medidas como un sustituto imperfecto del derecho sancionador.
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