La IA ya sabe qué energía necesita; ahora falta quien planifique el sistema

Joan Ramon Morante y Héctor Santcovsky

El debate sobre la energía que requiere la inteligencia artificial ha cambiado de fase. Ya no discutimos únicamente cuánta electricidad y agua consumirá, sino cómo se integrará esa nueva demanda en el sistema energético, quién asumirá los costes de las infraestructuras necesarias y qué beneficios obtendrán los territorios que las acogen. En definitiva, el reto ya no es exclusivamente tecnológico, sino económico, social y político.

Las previsiones son conocidas. La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh de electricidad en 2024 y que su demanda podría duplicarse antes de que finalice la década, impulsada principalmente por la expansión de la inteligencia artificial. Paralelamente, las grandes empresas tecnológicas están movilizando inversiones sin precedentes para desarrollar la infraestructura digital que hará posible esta nueva economía.

Estos datos reflejan una realidad indiscutible: la inteligencia artificial necesitará más energía, más redes eléctricas y una planificación mucho más ambiciosa que la realizada hasta ahora. La cuestión ya no es si esa demanda existirá, sino cómo se gestionará para que no genere nuevos desequilibrios económicos o territoriales.

Conviene evitar planteamientos simplistas. Los centros de datos constituyen una infraestructura imprescindible para la digitalización de la economía y para el desarrollo de la inteligencia artificial. El verdadero desafío consiste en conseguir que incorporen las mejores tecnologías disponibles para reducir el consumo energético y de agua, maximizar la eficiencia, integrar energías renovables, aprovechar el calor residual allí donde sea viable y contribuir a un funcionamiento más flexible del sistema eléctrico.

La transición digital y la transición energética no pueden avanzar por caminos separados. Si queremos aprovechar plenamente las oportunidades de la inteligencia artificial, será imprescindible acelerar el despliegue de generación renovable y almacenamiento para asegurar un suministro 24/7/365, reforzar las redes de transporte y distribución y mejorar la capacidad de gestión de la demanda. La infraestructura energética deberá crecer al mismo ritmo que la infraestructura digital, especialmente cuando existe saturación en determinados nodos y será necesario aumentar significativamente la capacidad de la red en los próximos años. Aunque el PNIEC 2023-2030 avanza correctamente en el impulso de las renovables y el almacenamiento, fue diseñado antes de la aceleración provocada por la inteligencia artificial y mantiene un horizonte relativamente prudente respecto al crecimiento de la demanda eléctrica de la nueva economía digital. Todo apunta a que será necesario revisar tanto la planificación de redes como los calendarios de inversión.

Sin embargo, junto a este desafío técnico aparece otro menos visible, pero igualmente importante: el reparto de costes y beneficios. La modernización del sistema eléctrico exige inversiones muy elevadas y resulta legítimo preguntarse cómo se financiarán y cómo evitar que recaigan de forma desproporcionada sobre hogares y pequeñas empresas. Ahí están, por ejemplo, los actuales litigios entre las empresas distribuidoras y la CNMC sobre la retribución de las inversiones en la red. Del mismo modo, los territorios que alberguen nuevas infraestructuras deberán percibir retornos claros en forma de empleo, actividad económica, innovación, formación y mejora de los servicios públicos.

La dimensión territorial tampoco puede quedar relegada. Las decisiones sobre la localización de nuevas infraestructuras energéticas y digitales afectan al uso del suelo, a la disponibilidad de agua, a la planificación de las redes de transporte y distribución, al urbanismo y a la aceptación social de los proyectos. A ello se suma un fenómeno cada vez más extendido: la oposición local a nuevas infraestructuras energéticas, conocida como NIMBY (Not In My Back Yard). Aunque responde en muchos casos a preocupaciones legítimas, cuando se convierte en un bloqueo sistemático dificulta el despliegue de redes, almacenamiento y generación renovable imprescindibles para la transición energética y digital. Por ello, resulta necesario reforzar los mecanismos de información, transparencia y participación para construir consensos duraderos y reducir conflictos innecesarios.

La respuesta tampoco puede limitarse a exigir mayores niveles de eficiencia. Europa avanza correctamente al establecer estándares energéticos cada vez más exigentes, pero la eficiencia, siendo imprescindible, no resolverá por sí sola los problemas de cohesión. Será igualmente necesario garantizar que quienes generan nuevas demandas sobre el sistema contribuyan de forma proporcionada al refuerzo de las infraestructuras comunes y que el desarrollo tecnológico revierta también sobre el conjunto de la sociedad.

La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la productividad, acelerar la innovación y fortalecer la competitividad europea. Pero su éxito dependerá tanto de los algoritmos como de la capacidad para construir un sistema energético robusto, eficiente y socialmente equilibrado, que contribuya realmente a la cohesión social y territorial.

La cuestión ya no es si habrá energía suficiente para alimentar la inteligencia artificial. Todo indica que la habrá, procedente de un mix cada vez más diversificado. La verdadera pregunta es si seremos capaces de integrar esa nueva demanda mediante una planificación inteligente, con más renovables, redes modernas, almacenamiento, eficiencia y un reparto equilibrado de costes y beneficios. La experiencia demuestra que las grandes transformaciones industriales nunca han dependido únicamente de la tecnología, sino también de la capacidad de los poderes públicos para anticipar inversiones, coordinar infraestructuras y generar seguridad regulatoria. En ese equilibrio entre transición digital y cohesión territorial se jugará una parte importante de nuestro futuro colectivo.

Joan Ramon Morante y Héctor Santcovsky